Revisión Institucional y Reforma Política Provincial

La Unión Cívica Radical (UCR) ha abogado siempre, por la Institucionalización del ejercicio del poder político en nuestro País y Provincia. “Desde el fondo de nuestra historia, trae el Radicalismo su filiación, que es la del pueblo en su larga lucha para conquistar su personería”, expresa nuestra Profesión de Fe Doctrinaria. “Por eso para el Radicalismo los fines son inalterables: los de la libertad y los de la democracia para la integración del hombre, así como pueden ser variables los medios porque son instrumentos, y variables son las condiciones sociales de la realización nacional.”
La temática de la calidad Institucional, para el radicalismo, más allá de los particulares diseños legales o constitucionales que sean utilizados, puede sólo tener como fin el perfeccionamiento de la democracia participativa y republicana, en nuestra Provincia.
Debe entenderse que la democracia supone el gobierno de la mayoría y el respeto de ésta a las minorías. Sólo una sociedad plural, donde las opiniones de todos son respetadas y existe una amplia participación popular, puede llamarse una sociedad democrática.
Pero además, nuestra nacionalidad- a cuya forja contribuyeron los hijos de esta Provincia-, nació a la luz del principio republicano, que se propone proteger la libertad y contener al poder, y en este sentido, una efectiva división de poderes y garantías a la independencia entre el funcionamiento de ellos, con énfasis en la Independencia del Poder Judicial, son los ejes de su vigencia efectiva.
En verdad, son múltiples los cambios que pueden ser realizados en la legislación provincial para fortalecer las Instituciones y la calidad del funcionamiento de ellas. Pero, sin embargo el radicalismo le asigna distinto grado de importancia a cada uno de ellas y reafirmamos como fundamentales aquellos cambios a nivel normativo y/o de acción política, que hagan efectivo el funcionamiento democrático y eficiente, de las instituciones en la Provincia.
En consecuencia, la Unión Cívica Radical de San Luis presenta ante esta Comisión Bi-cameral de “Revisión Institucional y Reforma Política” una serie de ideas generales de propuestas, que van en línea con nuestros principios ideológicos como partido y con sus bases de acción política, a saber:



1. Derechos Humanos
En primer lugar, la Unión Cívica Radical exige el compromiso permanente de los tres poderes públicos, con la garantía de las libertades colectivas e individuales del Pueblo de la Provincia, ya que no reconoce ni admite la intervención del Estado en limitación alguna en esa esfera.
Por ello, la Unión Cívica Radical, en plena adhesión a sus principios políticos, reafirma que el accionar de los poderes del Estado, en el ejercicio de sus facultades, debe cumplir con los siguientes objetivos:
"Promover el respeto irrestricto de los derechos humanos y la permanente defensa del sistema democrático, garantizando la plena vigencia de las libertades públicas.
Bregar, junto al resto de los Partidos Políticos y los distintos sectores democráticos de la Sociedad Civil, por impulsar el debate público; la búsqueda del consenso y la concertación a través de acuerdo de políticas de Estado, como los principales instrumentos de la acción política publica.
Sostener la igualdad de derechos del hombre y la mujer y la lucha contra cualquier intento de discriminaciones por razones de nacionalidad, raza, religión o ideología.
Promover el fortalecimiento democrático de la sociedad, sobre la base de la afirmación de la libertad de las personas, la participación popular y la ética de la solidaridad, haciendo de la política una herramienta concreta de transformación y resolución de los problemas sociales que afectan a todos los ciudadanos, poniendo prioridad en los más desposeídos.
Asegurar el fiel cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales a los que ha adherido la Nación sobre la defensa y resguardo de los derechos humanos," por lo que se debe ratificar constitucionalmente la adhesión expresa a los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución de la Nación Argentina en su reforma de 1994.
Garantizar la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos consagrados. Es poco lo que la legislación provincial puede agregar a esos derechos, aunque sí deben mantenerse intactos en su sustancia los derechos obtenidos y ya consagrados en nuestra constitucionalidad. A saber:

Derechos Sociales de la Seguridad Laboral y Previsional
Deben hacerse operativos los Derechos Humanos vinculados con Garantizar los específicos de la seguridad social, el seguro social, y especialmente el régimen previsional de los empleados del Estado Provincial, con la garantía porcentual de movilidad, establecido en el actual texto constitucional en su Art. Nº 56, el que debe mantenerse, por más que se haya transferido la administración del sistema Previsional Provincial a la Jurisdicción Nacional. Es mucho lo que las instituciones de la Provincia pueden realizar para dar operatividad a esas normas, y hacer que tengan efectiva vigencia en la práctica.
Revisión Institucional Integral para lograr la Calidad Ciudadana que deseamos.
Por ello, así como se emprendió en un momento el proyecto de revisión integral de las normas jurídicas para verificar su vigencia y coherencia interna (proyecto que concluyó en la sanción del Digesto Público de la Provincia), es asimismo ahora necesario hacer una revisión integral del Funcionamiento Institucional y Político de las Instituciones desde su perspectiva: Normativa, Organizacional o de Ejercicio, para asegurar su subordinación a los principios constitucionales en materias de derechos ciudadanos.
Compromiso Institucional de Efectivo Cumplimiento Irrestricto de los Derechos Humanos
Eso, lógicamente, debe ser complementado con un renovado compromiso de todos aquellos encargados de proveer a la concreción de los mismos y muy especialmente por lo que tienen la Responsabilidad Institucional de custodiar los derechos de las personas, o sea los integrantes del Poder Judicial (los jueces), para que den cumplimiento efectivo e inmediato a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Congreso de la Nación ha ratificado y que por ende forman parte de los Derechos Ciudadanos Sanluiseños.






2. Reforma de la Justicia Provincial
Un eje central en el pensamiento ideológico de la Unión Cívica Radical, es el fortalecimiento del Poder Judicial, para que sea custodio de los derechos individuales y las libertades públicas. Por eso, es un objetivo fundamental para el partido:
Reafirmar la independencia del Poder Judicial, asegurando una política presupuestaria que le de autarquía y garantice su pleno funcionamiento con modernización y eficiencia.
En ese sentido, y también sobre la base de sus postulados históricos, la Unión Cívica Radical considera que la reforma de la Justicia en San Luís debe “Promover mayor transparencia, publicidad e imparcialidad en el procedimiento de designación y remoción de magistrados”
El procedimiento actual de selección y remoción de los jueces, y su vinculación al poder político, ha sido y es el mayor cuestionamiento desde los años de la Democracia Recuperada, con relación al mal funcionamiento de las instituciones republicanas en la Provincia.
En pos de lograr un Poder Judicial imparcial e independiente, se debe eliminar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la elección de sus integrantes, y reforzar en cambio, el rol del Consejo de la Magistratura en la designación de ellos, a través de procedimientos eficaces y transparentes de cara a la sociedad y con participación de ella.
Para ello, la Unión Cívica Radical propone:
-Modificar el Procedimiento en la designación de los Magistrados, manteniendo en la composición del Consejo de la Magistratura, una representación equivalente entre magistrados, legisladores (dos por el oficialismo y uno por la oposición, elegidos en esta propuesta por Asamblea Legislativa), y abogados de la matrícula, a los que se suman un representante del Poder Ejecutivo y el Titular del Superior Tribunal de Justicia que los preside.
Adicionalmente, en lugar de proponer ternas, el Consejo de la Magistratura deberá elaborar mediante concurso público, un orden de mérito de los postulantes y realizar luego el procedimiento de consultas y audiencias públicas para su evaluación social pública.
A posteriori, deberá realizar una votación en el mismo organismo para decidir, en primera instancia, por mayoría agravada (de dos tercios de los integrantes) la selección de algún postulante como magistrado. Dicha votación se desarrollara en el mismo orden en que hayan calificado en el concurso público de antecedentes y oposición.
En caso de que ningún postulante meritado obtenga el voto afirmativo de esta mayoría agravada, se efectuará inmediatamente una segunda ronda de votación, exigiéndose en esta instancia mayoría absoluta para ser designado magistrado. Si por último, ninguno de los meritados alcanzara la votación afirmativa en esta segunda oportunidad, se realizará en tercera ronda de votación, la elección por mayor número de votos del total de los Integrantes del Cuerpo.
Este mecanismo, al mismo tiempo que otorga legitimidad democrática a la elección de los jueces, disminuye la incidencia del Poder Ejecutivo en su designación, asegurando imparcialidad e independencia.
Este mecanismo de designación también contribuye a resolver la actual situación de inconstitucionalidad por denegación de justicia, dado la enorme cantidad de Juzgados vacantes, porque evitaría, el problema continuo dado en la falta de postulantes idóneos, que impide la constitución de la terna, que debe ser puesta a consideración ( No Obligatoria) del Poder Ejecutivo. En este caso se propone una lista meritada en Concurso Publico que no exige número mínimo para ser evaluada, garantizando la designación de jueces de la Constitución, de manera ágil y legitima.
- A propósito de los Jueces Naturales que son únicamente los de La Constitución, proponemos eliminar la posibilidad de designación de “Jueces Provisorios” (SIC), que significan una vulneración del principio de legalidad y legitimidad de la Función de la Magistratura Judicial en democracia.
A su vez, para la designación de los miembros del Superior Tribunal, elegidos actualmente a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo de dos tercios de votos afirmativos del Senado Provincial, proponemos se requiera el acuerdo de los dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa, de manera de garantizar el más amplio consenso sobre las figuras de quienes tienen a cargo la última instancia judicial a nivel provincial.


Requisitos para ser Magistrado
- Ejercicio Profesional. Uno de los requisitos indispensable para el ejercicio de la Magistratura es el del ejercicio profesional. Por lo que se propone elevar los años de ejercicio profesional efectivo de la siguiente manera:
-10 años de Ejercicio Profesional para los Jueces de primera instancia y Secretarios.
-15 años de Ejercicio Profesional para los Camaristas
-20 años de Ejercicio Profesional para los Ministros del Superior Tribunal

- Contribución Fiscal del Régimen General
Los Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de San Luis se someten al Régimen General de Contribuciones Fiscales Generales de la República Argentina, sin ningún tipo de reclamo o privilegio.

- Se elimina el requisito de residencia anterior de dos años en la Provincia

Ministerio Público como Órgano Extra Poder con Autonomía Funcional

Es necesario establecer un Ministerio Publico con autonomía Funcional como Órgano Extra poder en la Órbita del Poder Judicial, pero con designación de sus Responsables Funcionales; Procurador General y Adjunto, a iniciativa del Poder Ejecutivo y con Acuerdo Legislativo por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
Los Fiscales y Defensores deberán someterse al mismo procedimiento de selección de los Magistrados y cumplir los mismos requisitos de estos para ser designados. A diferencia de los magistrados que Juran ante el Consejo de la Magistratura estos funcionarios lo harán por ante el Procurador General de la Provincia que será el responsable de orientar sus acciones generales, de acuerdo a la Legislación vigente.
Para la designación en los cargos del Ministerio Público, se deberán cumplir los mismos requisitos de forma equivalente a los Magistrados, a saber: los Fiscales y Defensores con los jueces de primera instancia, los miembros de Fiscalía y Defensa de Cámara con los Camaristas y el Procurador General de la Provincia Titular y su Adjunto, deberán cumplir los requisitos equivalentes a los exigidos para ser Ministro del Superior Tribunal.


Revisión de los Procedimientos Procesales
“Modificar las leyes de procedimientos haciendo realidad las prescripciones constitucionales de: inmediatez, publicidad y fácil acceso a la protección jurídica a fin de que el Poder Judicial sea custodio fuerte, ágil e independiente de los derechos individuales"
Un viejo adagio dice que “la justicia lenta no es justicia” y, en efecto, la larga duración de los procesos hace que los ciudadanos deban resignar derechos o hacer acuerdos que no satisfagan plenamente sus reclamos. Es hora de terminar con ello y asegurar una duración razonable de los procesos y la protección efectiva de los derechos de las personas.
Para ello, la Unión Cívica Radical cree que se debe luchar con fuerza contra el formalismo del procedimiento escrito, introduciendo procesos orales y por audiencias, en todas las materias que sea posible, agilizando los juicios y poniendo en vigencia el principio de inmediación, que se cumple con el contacto directo de los jueces con los casos.
Por ello, se deben revisar los Códigos de Procedimiento, para instrumentar los mecanismos más modernos de dinamización en el proceso de administración de Justicia al Pueblo de la Provincia.

Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos ante del Juicio
Se debe lograr además, un desarrollo más pleno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con un fuerte impulso en particular al arbitraje y la mediación (según la materia de que se trate), lo cual daría una operatividad única a la administración de justicia en la provincia.


Resguardo Efectivo de los Derechos Colectivos
Es imperioso también, readecuar y modernizar los mecanismos de acceso colectivo a la justicia, de manera de dar una protección eficaz a los derechos de incidencia colectiva (entre ellos, el derecho de la Protección del ambiente, los derechos de los consumidores y la defensa de la competencia).



Proporcionalidad entre Población y Juzgados
- Establecer mecanismos que contemplen una relación proporcional entre población asistida y cantidad de Juzgados existentes, de acuerdo a las leyes que reglamenten dicha relación, para cada fuero y circunscripción judicial.

Garantía Constitucional de la Autarquía Económico-Financiera
- La garantía de Autarquía Económica Financiera del Poder Judicial, debe tener Rango Constitucional, a fin de asegurar que la Cuota Presupuestaria que la Legislatura Provincial establezca para el Poder Judicial, sea girada mensualmente en duodécimos por parte del Tesoro provincial al Poder Judicial, sin ningún tipo de recorte ni demoras desde el Poder Ejecutivo. Dicha asignación presupuestaria no podrá ser disminuida sin acuerdo del Consejo de la Magistratura.
Administración Colegiada del Poder Judicial
En el entendimiento que la tarea más importante del funcionamiento del Poder Judicial, es la de Designación de los Magistrados, proponemos que el Consejo de la Magistratura Provincial, sea también la Institución que tenga a su cargo la responsabilidad funcional de Administrar el Poder Judicial de la Provincia.
Modernización y Capacitación de los RRHH Permanente
Se propone profundizar la informatización y modernización del Poder Judicial, para que los modelos de gestión hagan de los tribunales instituciones dinámicas, eficientes y confiables para la sociedad, mediante, la capacitación y gradual profesionalización de quienes están a cargo de las Jefaturas de Despachos y demás órganos que orientan el funcionamiento operativo de los juzgados.



3. Seguridad Ciudadana
La seguridad es un tema particularmente sensible a tener presente en esta revisión institucional y constituye uno de los más sentidos reclamos ciudadanos.
La agilidad y efectividad publica, en la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía, se vincula tanto al funcionamiento de la Justicia, como a la formulación de una adecuada Política Criminal por parte de los otros Poderes, la que debe ser: discutida, legislada y revisada en su aplicación, de manera exclusiva por los Órganos Políticos Institucionales .
Esta área requiere de una eficiente coordinación entre las instituciones de los diferentes poderes del Estado a fin de perfeccionar la: prevención, detección, persecución, juzgamiento y penalización de los delitos, ya que actualmente la proporción de hechos delictuales cometidos, que llegan a condenas efectivas es ínfima, y esto genera una percepción generalizada de Inseguridad e Injusticia.

Despolitización y Profesionalización Integral con control ciudadano
de la Policía Provincial
En cuanto a la prevención y represión del delito, la Unión Cívica Radical proclama una despolitización plena del mando del cuadro policial y la aplicación de modelos de gestión y organización, con controles efectivos y eficaces, que incluyan tanto los mecanismos de control intra-fuerza, como las auditorías externas con participación ciudadana, sobre el funcionamiento de la Policía de la Provincia.

Equipamiento y Capacitación Permanente
El desempeño de esta delicada tarea requiere de un equipamiento tecnológico mayor y un modelo de formación y capacitación permanente de los Efectivos Policiales, que garantice la mas alta performance de capacitación de estos Recursos Humanos, con adquisición y mejora permanente en sus aptitudes: científicas, tecnológicas, legistas, psíquicas y físicas, para lo que se exige una inmediata reformulación de los objetivos a cumplir y del funcionamiento, del Instituto de Formación en Seguridad, para que este otorgue, desde la formación inicial y de forma permanente, los conocimientos de formación e información al personal de la fuerza policial, procurándose la reformulación de su organización y de los mecanismos utilizados, para el mejor desempeño de sus acciones.

Proporcionalidad entre Población y Efectivos activos
Como forma de garantizar la prevención, la disponibilidad de efectivos de la fuerza policial debe ser acorde a las necesidades de la población a proteger en cada región, de acuerdo a una dinámica evaluación de los mapas del delito y las tipologías más frecuentes del delito a combatir, como así también cualidades y cantidades de los habitantes que las integran.

Investigación Fiscal y Juicio Justo con garantía de Defensa
Una vez denunciado el delito, se debe poner en marcha un esfuerzo coordinado de las instituciones para su investigación, eventual juzgamiento y condena.
Esto requiere reforzar el rol de los fiscales, como parte de un Ministerio Público Independiente que funcione como órgano extra-poder, para que dirijan plenamente la investigación del delito desde su etapa preliminar.
Policía Judicial
Se propone la estructuración de la Policía Judicial, integrado por personal con capacidad técnica, legal y psicofísica, que coadyuve al mejor funcionamiento del sistema de juzgamiento y condena del delito, como está prescripto en el artículo Nº 216 de la Constitución sin su aplicación hasta la fecha.

Procedimiento Adversarial
Realizada la investigación preliminar, los fiscales tienen la titularidad exclusiva de la acción pública y el desempeño del rol acusatorio, en todo el transcurso del juicio penal. A su vez, el juzgamiento debe ser hecho por jurados como lo ordena la Constitución, y el Juez debe ejercer un rol de control de las garantías constitucionales. Así, se lograría un moderno proceso adversarial de la justicia penal, donde la justicia dirime entre la pretensión punitiva del Estado y la defensa, y se diferencien claramente los roles de quien acusa y quien juzga, en consonancia con el principio de imparcialidad.

Procedimientos Celerisimos para casos in-fraganti
Asimismo, siguiendo las experiencias positivas de otros distritos, se deben establecer procedimientos judiciales veloces para los delitos in fraganti. Esta medida, sin embargo, debe ser complementada con una importante jerarquización del rol del defensor público, de manera de garantizar seriamente la defensa en juicio para todos los habitantes.

Servicio Penitenciario Profesional y con garantía de Respeto a los derechos Humanos
Para garantizar una adecuada ejecución de las penas privativas de la libertad, se crea la figura del Procurador Penitenciario, como órgano de control dependiente del Poder Legislativo y la Profesionalización y reivindicación Laboral y Social de la tarea del Efectivo del Servicio Penitenciario Provincial, de manera de proveer todos los mecanismos: Estructurales, Técnicos y Profesionales, para garantizar el cumplimiento profesional de su tarea y los derechos de los ciudadanos detenidos, propendiendo a su real recuperación e inserción en la sociedad que integran.


4. Poder Legislativo

Representación política, equilibrio republicano y Gobernabilidad

La Unión Cívica Radical considera que el Poder Legislativo debe tener un rol más activo en el control del gobierno además de su tarea de sanción normativa.
Debe procurarse un equilibrio institucional en el funcionamiento de los Poderes y en la representación de la mayoría y las minorías parlamentarias, de forma que permitan la Gestión del Gobierno y un adecuado control republicano del mismo , por parte de éste, a través de una Legislatura: Institucional , Política y Técnicamente Fuerte.

Principios Fundamentales
Independientemente de la organización bicameral o unicameral del Poder Legislativo, existen determinados principios fundamentales que se deben asegurar en la composición de éste, a saber:
1) Toda Cámara Legislativa debe asegurar la representación de las minorías, por lo cual, de subsistir el Senado, los miembros de éste deben elegirse de una manera análoga a la del Senado de la Nación, de tal modo que garantice la presencia de más de un partido político en su conformación.
2) Deben asegurarse mecanismos de elección que garanticen una distribución geográfica equitativa en la representación parlamentaria de forma que la asignación Presupuestaria de la renta pública, procure un crecimiento armónico entre las diversas regiones de la Provincia.

Caso Unicameral
En caso de volver a la unicameralidad sugeriríamos una Cámara Legislativa con doble tipología de Representación, por un lado la representación directa del Pueblo en una determinada proporción y otra representación geográfica igualitaria por departamentos.

Caso Bi-Cameral
Representación directa en Diputados y Geográfica en el Senado
Si se decidiera mantener el sistema bi-cameral debiera cambiarse el actual sistema que tiene una doble representación geográfica, sin integración de minorías en el Senado, a un Sistema bi-cameral donde la forma de elegir a los Diputados de la Provincia sea de manera directa por el Pueblo de la Provincia (distrito único), asegurando la representación geográfica igualitaria en el Senado Provincial, con integración de la minorías en cada una de ellas.
Cláusula de Gobernabilidad
Con el doble objetivo de asegurar la mayoría indispensable en una Cámara para garantizar gobernabilidad y también la representación de las minorías en la otra Cámara se debe implementar en este caso, un sistema electoral que otorgue la mayoría (mitad más uno) de las bancas de Diputados al partido ganador del Gobierno, y distribuya el resto de las bancas de manera proporcional a los votos obtenidos entre los partidos políticos opositores siguientes en número de sufragios.

Simultaneidad de Elección Legislativa y Ejecutiva con renovación total por única vez
Se propone realizar las elecciones de forma simultánea para Legisladores Provinciales y Gobernador y Vice.
Actualmente, a pesar de que las elecciones de Gobernador y Vice y Legisladores Provinciales, se realiza en la misma fecha para la mitad de los integrantes de los cuerpos legislativos, y la duración del mandato es la misma (cuatro años), el sistema de renovación parcial de ambas Cámaras cada dos años, crea la posibilidad de mayorías divididas (entre la Legislatura y el Ejecutivo), que podrían debilitar y obstaculizar el normal funcionamiento del gobierno. Por ello, con el propósito de asegurar mayorías coordinadas que permitan el funcionamiento ágil y efectivo del Poder Ejecutivo, se deben realizar las elecciones para Gobernador y Vice y Legisladores Provinciales de manera simultánea, en las que la renovación de las Cámaras sea total, unificando los mandatos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Provincial.





5. Poder Ejecutivo
Mayor Consenso en la elección y limitaciones a las tendencias, hegemónicas y/o Nepòticas en las sucesiones.

Coincidimos con la necesidad de instaurar el sistema de doble vuelta para la elección de Gobernador y Vice, si ninguna de las formula propuestas obtiene la mitad mas uno de los votos emitidos en la elección primera.
También creemos que deben reinstaurase las cláusulas republicanas de garantías limitación a la instauración de eternizaciones personalistas o gobiernos de familia, para lo cual se proponen dos agregados constitucionales al actual sistema de elección de la fórmula de Gobernador y Vice-Gobernador:
1) Ningún ciudadano de la provincia podrá ocupar más de dos veces el cargo de Gobernador ni de Vice-Gobernador, de manera sucesiva o alternada.
2) Limitar a los reemplazantes sucesivos por parentesco, mediante cláusulas de prohibición por consanguinidad y/o afinidad.



6. Sistema Político Provincial
Partidos Modernos y Orgánicos para una Democracia Participativa
Para consolidar el sistema de partidos políticos, la Unión Cívica Radical afirma que las reformas en el régimen de representación política tendrán a su cargo la delicada tarea de “consolidar el sistema de partidos políticos” haciendo genuino “su reconocimiento como las únicas organizaciones que pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante la elección de la ciudadanía, por lo tanto esenciales como expresión de la voluntad popular, como vehículo de información y formación política y como instrumentos indispensables en la formulación y realización de la política nacional y provincial.”

Organización Democrática
Se debe “promover el respeto de los principios democráticos en su funcionamiento interno, mediante disposiciones que garanticen la más amplia participación” y “sostener sistemas electorales que representen la voluntad del ciudadano y eviten la fragmentación de los partidos.”

Funcionamiento Permanente
Se debe reformar la actual legislación de partidos políticos a nivel provincial, para asegurar que sean reconocidos como tales, aquéllos que cumplan con una participación regular y mínimamente significativa en la vida política y electoral, para solucionar el problema de creación de estructuras sólo formales, pero sin sustancia ni ideología política, que sólo sirven para encubrir ambiciones personales y no colectivas.

Financiamiento Público para Fortalecer la Competitividad Electoral
Para asegurar un funcionamiento pleno, competitivo y transparente de la democracia de partidos, la Unión Cívica Radical demanda se instaure un adecuado régimen de financiamiento estatal provincial de los partidos, que cuente con una partida presupuestaria distribuida todos los años de manera mensual para cubrir sus costos mínimos de real funcionamiento y otra en cada elección de acuerdo a los votos obtenidos por cada fuerza en la elección anterior


Fuero electoral específico y Permanente
Se debe crear un Juzgado Electoral permanente y exclusivo, que cuente con asistencia de los partidos políticos con personería vigente, organizados como Consejo Provincial de Transparencia Electoral, para que realice la fiscalización de toda la tarea electoral y participe del control del funcionamiento de los partidos y la fiscalización permanente de la confección de los Padrones Electorales.


7. Régimen Municipal para el Desarrollo Territorial con Equidad

Garantía Constitucional para la Autonomía Económica
Establecido el régimen autónomo para los municipios, la Unión Cívica Radical considera que se deben garantizar que éstos cuenten con los recursos suficientes para cumplir con los fines del Gobierno propio (Autonomía Económico-Financiera)
Para hacer efectivo este precepto constitucional, se propone otorgar rango constitucional a un porcentaje mínimo de coparticipación de los recursos que se transfieren a los municipios, vinculado porcentualmente al total de los recursos presupuestarios del Gobierno Provincial.
Actualmente dicho porcentaje debería elevarse, como mínimo a un nivel que duplique los recursos que actualmente se transfieren, de forma que permita el desempeño efectivo de sus competencias, funciones y servicios.

Garantizar la Inversión Publica Municipal en Infraestructura Urbana
En consonancia con dicho aumento de recursos, la Unión Cívica Radical propone que se establezca para los municipios, una norma análoga a la que existe en la Ley Permanente de Presupuesto para el Gobierno Provincial, que establece que el gasto corriente no debe exceder el 50% del presupuesto total (dicho de otra manera, que al menos la mitad de los gastos del presupuesto deban ser hechos en erogaciones de capital y en efectivas prestaciones de infraestructura para los ciudadanos). Para ello se debe crear con los recursos coparticipables adicionados un Fondo Permanente de Infraestructura Municipal, destinado específicamente a la construcción de obras públicas de urbanización, servicios y desarrollo de los municipios.

Gobernabilidad Municipal
Con el propósito de asegurar la gobernabilidad en los municipios, y con fundamento análogo al de la elección del Poder Legislativo Provincial en la Cámara de Diputados, la Unión Cívica Radical propone modificar el régimen municipal establecido en la Constitución de la Provincia, de modo que los departamentos ejecutivos y los concejos deliberantes sean elegidos simultáneamente, por un mismo mandato de forma total, a través de listas de los partidos políticos que sean encabezadas por el candidato a intendente municipal (a su vez candidato a primer concejal) y secundado por quien se propone para Presidir el Consejo respectivo.
De la lista ganadora, se corre el orden para cubrir el cargo del primer candidato a concejal que se desempeñará como titular del Ejecutivo (Intendente Municipal) y el segundo en el orden asume como Presidente del Concejo. A su vez, se le asigna a la lista ganadora, la mayoría (mitad más uno) de las bancas de concejales, el resto de las bancas se distribuyen proporcionalmente entre los restantes partidos.
Este sistema, a la vez que garantiza un funcionamiento efectivo del gobierno en tanto da garantía de gobernabilidad y compatibilidad política propositiva, refuerza el rol del Concejo Deliberante al asegurar la presencia en él, de las figuras más destacadas de cada una de las listas, quienes asumen el compromiso de participar en la vida institucional del municipio.

Gobiernos Pluripersonales con integración de minorías
Se deben modificar las formas de los actuales gobiernos Unipersonales, (Intendentes Comisionados) estableciendo para todos los gobiernos locales sin Concejo Deliberante, las prescripciones constitucionales establecidas bajo la forma de las Comisiones Municipales, de forma que exista un organismo colegiado que sirva al control de gobierno y se evite la discrecionalidad unipersonal.
Oficina Legislativa Permanente del Control del Gasto Municipal
La Legislatura de la Provincia deberá crear una Oficina Permanente de Gestión Presupuestaria que tendrá la responsabilidad de controlar, asistir y dictaminar sobre los Presupuestos de estos Municipios los que, al no tener órgano deliberativo deben aprobar su presupuesto anual y la rendición de cuentas del gasto ante la Legislatura. Dicha Oficina Permanente deberá contar con los recursos: tecnológicos, presupuestarios y profesionales suficientes para contribuir en el control presupuestario de estos municipios, que a veces no cuentan con estructura propia.

8. Organismo de: Control Integral de la gestión de Gobierno
Actualmente el control de la administración del Gobierno Provincial, en sus tres poderes constitutivos, se realiza sólo desde el control ex-post, o sea después que el acto jurídico, administrativo y presupuestario se ha realizado.
Los pilares del control de la Administración del Estado se sostienen actualmente en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y se explicitan anualmente en la presentación de la Rendición de la Cuenta de Inversión del Estado, que debe considerar y aprobar en su caso la Legislatura Provincial, con el procedimiento del mecanismo de sanción de las Leyes.
Sin embargo, se detecta la inexistencia de instituciones y mecanismos de Control Integral de la Gestión de Administración del Estado Provincial, en sus tres poderes.
Para resolver este preocupante estado de falta de control, que puede promover la asignación inconveniente y/o la falta de control en la transparencia, en la administración de los recursos públicos, es que proponemos la instauración de un Sistema de Control Integral de la Gestión de la Administración Pública, el que deberá organizarse bajo los siguientes preceptos:
1. Debe ser integrado por miembros técnica y moralmente idóneos para la realización de la tarea de Control.
2. Debe funcionar como Órgano Extra Poder dentro de la órbita del Poder Legislativo.
3. Sus miembros de conducción deben ser propuestos mayoritariamente por las minorías con representación parlamentaria y serán minoritarias las representaciones que proponga el Poder Ejecutivo.
4. El Sistema de Control Integral de Gestión deberá cumplir con los objetivos de controlar la Legalidad, Eficiencia, Eficacia y Razonabilidad Social y Económica del Gasto Público Provincial, tanto en su etapa de gestión (control en línea) como en lo referido a su etapa ex-post (control del gasto) mediante la Auditoría permanente de las acciones de la Administración. Para este objetivo deberá confeccionar temporalmente la Rendición de ejecución parcial de la Cuenta de Inversión, la que será publicada en forma trimestral por parte de este Organismo y puesta en conocimiento de la Legislatura Provincial y el pueblo de la Provincia.
Se hace necesario - para asegurar la imparcialidad, razonabilidad y equilibrio institucional en el ejercicio de la tarea de Control de Gestión - la creación de una Comisión Bicameral del Poder Legislativo, a la cual el Órgano de Control informa y pone a consideración la aprobación del Plan de Trabajo Anual. A posteriori presenta la Rendición de Cuentas de su ejecución, como así también los temas de procuración Judicial que impulse denunciar.

9. Reforma y Carrera, Administrativa
Finalmente, también derivado de sus bases de acción política, la Unión Cívica Radical exige “impulsar la reforma de la administración pública provincial, de forma tal que el gobierno de la cosa pública responda a principios de eficiencia social, austeridad republicana, centralización normativa y descentralización operativa, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de sus actos y regulaciones.
Asegurar la designación por concurso, la vigencia del escalafón y la estabilidad para los empleados de la Administración en los tres poderes, procurando elevar los niveles de profesionalización en cada función de servicio público.
La gestión administrativa debe procurar brevedad en los plazos, sencillez en los trámites, y transparencia en los procedimientos.


10. Transparencia e Información Patrimonial
Será obligatorio por parte de los integrantes de los tres poderes del Estado, presentar una Declaración Jurada pública de bienes patrimoniales al acceder y retirarse de la función pública, que deberá ser actualizada anualmente y de acceso público a la ciudadanía de manera permanente.