nota dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis

San Luis, 30 de Septiembre de 2008



Sr. Presidente de la Cámara de Diputados
de la Provincia de San Luis
S../..D


Me dirijo a Ud. y por su digno intermedio a todos los integrantes de esa Honorable Cámara a efectos de hacerles conocer mi preocupación respecto de un hecho público y notorio, como lo es el próximo tratamiento del proyecto de Ley del Presupuesto para el año 2009, como asimismo del proyecto de Ley de ampliación del Presupuesto 2008 en trescientos un millones de pesos, a partir del redireccionamiento de los recursos públicos, acudiendo una vez más con esto último el Gobernador, a la aplicación de los “superpoderes” que le fueran otorgados por esa Legislatura.
En efecto, año a año, la mayoría de los legisladores a través del dictado de leyes le concede al titular del Ejecutivo “facultades extraordinarias”, lo que posibilita la más absoluta discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los recursos del Estado provincial, en detrimento de las prioridades de la mayoría de los ciudadanos.
Con ello, ese poder Legislativo abdica las facultades constitucionales que le son propias, menoscabando el principio republicano de la división de poderes como mecanismo de control de “pesos y contrapesos” , pues hace caso omiso al artículo 101 de la Carta Magna provincial, que dice respecto de sus funciones: “La Legislatura…( )…Ejerce el Poder Legislativo mediante leyes, controla las gestiones del poder Ejecutivo y hace efectiva las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia”.
No quiero dejar pasar expresiones realizadas recientemente por parte del Dr. Alberto Rodríguez Saa en oportunidad de ser entrevistado por los periodistas Marcelo Bonelli y Gustavo Silvestre en el programa que conducen -A Dos Voces-: “Hay que derogar los superpoderes. Hay que autolimitarse y no dictar decretos de necesidad y urgencia. Esto es una farsa, los decretos de necesidad y urgencia no son, valga la redundancia, necesarios”.
Por otra parte, el propio Senador Nacional y colega Dr. Adolfo Rodríguez Saa en la sesión de la Cámara que integra cuando se trató el tema de Aerolíneas Argentinas, también se refirió al Estado Nacional criticando la política que se lleva a cabo por la aplicación de “superpoderes” y Decretos de Necesidad y Urgencia, aduciendo que no tienen razón de existir debido a que no existe crisis económica ni institucional en Argentina luego de la derogación de la Resolución 125, que justifique que siga vigente la Ley de Emergencia económica.
Dijo textualmente en aquella oportunidad, tal lo transcripto según la versión taquigráfica pertinente: “…En la Argentina, se terminó la emergencia. La última emergencia era la institucional, y con la Resolución 125 se vio que los tres poderes —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial— están trabajando en plenitud; con aciertos y errores, pero en plenitud y armonía. Tenemos una República que podemos mejorar. En consecuencia, debemos recuperar las facultades delegadas, la credibilidad y el prestigio de la clase política, no a través de un discurso único ni del doble discurso…”.
En realidad el que incurre precisamente en el doble discurso es el propio Senador Rodríguez Saa pues su crítica permanente al Gobierno Nacional declamando mayor calidad institucional de la República, no se condice con los 25 años de gobierno en nuestra provincia de ambos hermanos Rodríguez Saa, ya que siempre llevaron a cabo todas sus acciones de gobierno por medio de la “suma del poder público”.
Los manejos de los fondos públicos en San Luis desde siempre, fueron y son absolutamente discrecionales y arbitrarios, y ello, sin el control por parte de aquellos Órganos que por mandato de la Constitución deberían velar por la transparencia del Estado.
Derogar “superpoderes” y no dictar D.N.U., también fue promesa del Dr. Alberto Rodríguez Saa en su anterior campaña presidencial, pero todo ello, forma parte de la falta de compromiso con la democracia participativa y la no creencia en la bondad que significaría habitar en una provincia donde reine el Estado de Derecho.
En cuanto al próximo tratamiento legislativo que se realizará del Presupuesto para el Año 2009, y la ampliación del vigente, acudiendo al fondo “anticrisis” de manera redireccionada y discrecional, creo representar el pensamiento de una gran cantidad de ciudadanos que día a día ve cómo se nos miente.
Para avalar aún más esta opinión, basta con acudir a los datos públicos respecto del Presupuesto 2007 y el control de su gasto mediante la Cuenta General de Inversión de ese ejercicio, y que fuera aprobada por esa Legislatura este año.
En aquel se presupuestó para ese año en concepto de percepción por el pago del impuesto a los Ingresos Brutos la suma de $254.672.129, 92; y se ejecutaron $ 254.672.130, o sea 8 centavos más de lo previsto; en Impuesto a los Automotores se previó un ingreso por recaudación de $17.856.186,76 e ingresaron 17.856.187, o sea 24 centavos más; y así podrían seguirse citando ejemplos.
Por otro lado se presupuestó como ingresos en concepto de Impuesto Inmobiliario la suma de $ 29.580.876,27 y según la Cuenta General de Inversión, se ejecutaron 27.687.863; o sea ingresó el 94 % de lo previsto; o dicho de otra forma, la gente paga ese impuesto en un 94 %.
En suma, puede comprobarse fehacientemente que ese presupuesto, como los anteriores y también como el que en este momento se eleva a esa Legislatura por parte del ejecutivo provincial, no reflejan la realidad pues en ningún caso en la práctica se alcanzan esos valores.
Dicho de otra manera, no es cierto que un impuesto como el Inmobiliario se llegue a recaudar una cifra superior al 90 % de lo presupuestado.
En la confección de todos los presupuestos pasados, en vigencia y en el propuesto, todos los gastos son proyectados y ejecutados prácticamente al 100 %, lo cual refleja una perfección, que en realidad es imposible de alcanzar. Esto significa en lenguaje común que los mismos “están dibujados”.
No es menor la preocupación cuando uno pone la lupa en cada una de las asignaciones, especialmente en aquellas que van de manera directa a la gente como es la proyección de fondos para mejorar el funcionamiento de la salud y de los hospitales públicos, la justicia, la educación o la coparticipación para los 64 municipios de la provincia.
Así se menciona -por ejemplo- que la suma prevista para el año 2009 para el funcionamiento de la Universidad de La Punta (que en realidad no es Universidad ya que no cuenta con la calificación de tal que debería expedir la CONEAU) es casi equivalente a la suma de los montos que se pretenden otorgar para los dos municipios más habitados de la provincia, que son Villa Mercedes y San Luis; o que se haya aumentado tan sólo en un 0,5 % el presupuesto para el Poder Judicial alcanzando la cifra del 2,5 %, incremento que no se traducirá en una mejor administración o acceso a la justicia, pues se destinará a la construcción edilicia, o el caso de la coparticipación municipal que –ya de por sí era de tan solo el 8%- y que ahora fue reducido al 6,29 %, y así podrían seguir detallándose ejemplos de cómo se prevé destinar los recursos del Estado a la gente.
Esta vez los legisladores cuentan otra vez más con la posibilidad de ejercer conscientemente la responsabilidad de las funciones que le son propias.
Sería muy bueno para la gente que con una nueva legislación no se mantengan los “superpoderes” que posee el titular del Ejecutivo, y a su vez, que luego de un debate pleno y democrático -sin que con ello se deje de reconocer la voluntad política de la mayoría electa por medio del voto popular- se dicte un Presupuesto para el próximo año que posibilite una mejor distribución de los ingresos a favor de los más humildes, y dotando a nuestra provincia de mayor calidad institucional, salud, justicia, trabajo y educación para todos los ciudadanos.
Saludo a Ud. muy atentamente,