POLITICA DE SEGURIDAD

“Personas seguras en una sociedad democrática segura”

Propuesta de discusión política en el proceso de diálogo y reforma política

Ing. Daniel Pérsico
Prólogo
Una sociedad segura es la que garantiza las condiciones para el desarrollo de la vida humana, en un marco de previsibilidad y de vigencia efectiva, de un conjunto amplio de derechos y de libertades. Por lo tanto, una política de seguridad democrática, respetuosa de los derechos humanos pero sin contemplaciones con el delito, consiste en arbitrar todos los medios necesarios, compatibles con nuestro ordenamiento constitucional para que esos derechos y libertades tengan vigencia efectiva. El delito no se combate con más delito e ilegalidad, sino con la aplicación firme de las leyes.
1. Prevención
La prevención del delito debe ser el eje central de toda política de seguridad. Es importante castigar el delito que se comete, pero más importante aún es evitar que el delito se cometa.
La política de Seguridad debe poner especial énfasis en la detección de situaciones de riesgo para integrar a quienes se encuentren en situación marginal, haciendo además un seguimiento permanente de las características y tipos de seguridad acorde a cada región, y ciudades de la provincia, y de las causas que generan inseguridad.
Ello por cuanto la falta de políticas “efectiva” de justicia social en muchos casos signan al sujeto que inmerso en una pésima calidad de vida, sin respuestas en materia de trabajo real, educación y salud pueden llevar no solo a la marginalidad familiar y social, sino incluso a la violencia y el delito.
Por ello resulta indispensable dar participación activa al ciudadano en la implementación de políticas tendientes a disminuir los índices del delito, desde la violencia doméstica hasta los delitos contra la propiedad que terminan con la muerte de personas.
El policía dotado de las herramientas tecnológicas y de comunicación al servicio del bienestar del vecino debe recuperar su papel activo en la asistencia y protección del ciudadano, que haga del conocimiento del lugar y de la interacción con los vecinos una herramienta de seguridad.
Con un modelo de seguridad con base en la policía de proximidad que atienda la prevención, la solidaridad y la participación comunitaria, van a surgir los mecanismos que aseguren el derecho de información y petición que tiene todo ciudadano, y con ello el control de cada uno sobre la actuación policial, cualificando y transparentando así la tarea del policía, exigiendo que los órganos de fiscalización del accionar de las fuerzas de seguridad funcionen.
2. Acción
Lograr una sociedad segura requiere el concurso de un conjunto amplio de instituciones del Gobierno provincial, y de los Municipios, como así también de organizaciones no gubernamentales y de bien público.
La policía es un instrumento fundamental en una política integral de la seguridad, por lo es imprescindible modernizar la capacitación y el equipamiento de las fuerzas policiales, y también sus modalidades de despliegue operativo. Esto implica pasar del enfoque reactivo prevaleciente (intervención en respuesta a la comisión de un delito), a una acción de prevención.
Debe implementarse una doctrina policial acorde con los imperativos de la Argentina del Siglo XXI, centrada en el respeto efectivo a los valores de la democracia, los derechos humanos y las libertades constitucionales, con una efectiva rendición de cuentas a la sociedad y una actualización tecnológica acorde con los desafíos que plantean los delitos de mayor complejidad.
La reforma policial tiene que surgir del debate de políticas de seguridad juntamente con todas los sectores económicos y sociales, y también de la comunicación de la fuerza policial, trabajando en la elaboración de planes de prevención basados en la confección de mapas del delito, en el seguimiento de esos planes, en la detección y corrección de las fallas en su aplicación para optimizar la seguridad.
Exige también dotar a la policía de un equipamiento moderno, adecuado a las nuevas exigencias planteadas por la prevención y la lucha contra el delito.
Para fortalecer los mecanismos institucionales deben existir mecanismos de control público de los cuerpos policiales, con participación de la comunidad organizada.
Las fuerzas policiales y de seguridad deben estar efectivamente sometidas a las mismas exigencias de transparencia y a los controles administrativos y contables que las demás reparticiones del Estado.
Es necesario también establecer mecanismos institucionales de coordinación con todos los ámbitos de gestión pública y no gubernamentales que tengan competencia en la prevención y reducción del delito; tanto en lo que se refiere al marco normativo (códigos y leyes sustantivas y de procedimientos) como a los procesos judiciales, al sistema penitenciario, y a la creación de condiciones de reinserción positiva del ex convicto a la sociedad.
Una sociedad democrática segura es el compromiso y la responsbilidad del Estado provincial en interacción creativa y mutuamente enriquecedora con la sociedad organizada. Por lo tanto debe coordinarse los enfoques y acciones de gobierno que tienen intervención en la recomposición de los escenarios de desintegración social en los que el delito florece. Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta de fe, horizontes para la juventud, impunidad e irresponsabilidad, siempre es escenario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una sociedad de producción y de empleo digno para todos es el mejor antídoto contra el delito.
3. Poder Judicial
Debe priorizarse su actividad en función de la demanda social y mejorar su integración.
Es un requisito de convivencia recuperar la confianza en la Justicia. El Poder Judicial está desprestigiado, el Consejo de la Magistratura creado para la selección de jueces no logra cumplir con su cometido constitucional por ausencia de normas que garantice una selección que priorice los antecedente y la idoneidad técnica y ética de los concursantes, que al mismo tiempo alienten el ingreso de profesionales de mérito, funcionando sin interferencias políticas partidarias o corporativos en los mecanismos constitucionales.
Esta es la única garantía para una correcta administración de justicia.
Para asegurar idoneidad de nuestros jueces necesitamos dotarlos durante toda la carrera judicial de las herramientas para ellos. Impulsar la capacitación y actualización permanente de los magistrados y consolidad los centros de formación profesional. Los jueces deben interactuar, intercambiar ideas y opiniones con los colegios, asociaciones, consejos y universidades, y discutir el derecho para mejorar y modernizar la administración de justicia.
Difundir y concientizar al ciudadano sobre las herramientas constitucionales para enjuiciar y remover a los jueces por mal desempeño.
Facilitar el acceso a la justicia para que sea oportuna en todos los casos y con trámites ágiles para hacer efectiva la protección de los nuevos derechos constitucionales de usuarios y consumidores.
Asegurar el asesoramiento jurídico-social para el conocimiento de los derechos humanos, para lograr no solo la protección necesaria sino la petición eficaz.
4. Cuestión de Estado
Es ineludible procurar una dedicación exclusiva para combatir la delincuencia y debe acompañarse con regulaciones legales claras en su definición y aplicables por tribunales con competencia para ello, así como también debe focalizarse la lucha contra la corrupción en los niveles de decisión que facilitan la comisión de delitos.
La sensación de inseguridad tiene una base objetiva cuando no hay ni condena o se desestiman denuncias por estos hechos, minando notoriamente la confianza en la democracia.
Este es el desafío que nos espera.